El Ayuntamiento de Portugalete ha declarado la guerra abierta a las operadoras de telefonía. Como, al parecer, las sanciones y las órdenes de derribo se antojan insuficientes para evitar la instalación de antenas ilegales en edificios de viviendas, el Consistorio ha decidido arremeter también contra los vecinos que colaboren. De esta forma, cada portal que alquile su tejado con este fin pagará multas «ejemplares» que pueden superar los 3.000 euros.
«Sabemos que alguna operadora busca propietarios que le dejen colocar su antena», se lamentó el concejal de Comunicación, Ángel Anero. El edil reconoció que, aunque el Plan General del municipio «prohíbe de forma taxativa» esta actuación, «es una práctica habitual».
Según explicó, una vez alquilada su ubicación en una propiedad privada, estas firmas «pleitean durante años» con el Ayuntamiento. «Iniciamos el expediente de retirada de la antena, pero lo recurren todo lo que pueden», detalló. Así ocurrió con el equipo que el Ayuntamiento derribó hace tres meses. La institución local llevaba años de litigios con la misma operadora que, al parecer, ahora intenta colocar otro aparato a apenas unos metros de distancia del anterior.
Por esta razón, el equipo de gobierno ha decidido actuar también contra los ciudadanos que con su autorización «permitan esta ilegalidad». «La comunidad 'infractora' deberá pagar hasta el 10% del presupuesto de cada amplificador de la señal telefónica», advirtió Anero. Según subrayó el edil, ninguna otra institución local ha puesto en marcha una iniciativa similar.
«Un buen servicio»
El concejal de Comunicación recordó que antes de que finalice el año entrará en vigor la nueva ordenanza municipal que determinará el desarrollo de la telefonía móvil en la villa jarrillera. Un punto fundamental del nuevo reglamento será la ubicación de las antenas, que quedará limitada a espacios públicos, ya sean edificios, equipamientos o terrenos, «donde se respeten todas las garantías sanitarias, medioambientales y urbanísticas».
El responsable municipal matizó que el Ayuntamiento es el primer interesado en que las operadoras de móviles ofrezcan un «buen servicio» a la ciudadanía. «Pero estas empresas deben tener claro que este servicio debe desarrollarse siempre de forma regulada y controlada por la Administración», aseveró.(FUENTE EL CORREO)
«Sabemos que alguna operadora busca propietarios que le dejen colocar su antena», se lamentó el concejal de Comunicación, Ángel Anero. El edil reconoció que, aunque el Plan General del municipio «prohíbe de forma taxativa» esta actuación, «es una práctica habitual».
Según explicó, una vez alquilada su ubicación en una propiedad privada, estas firmas «pleitean durante años» con el Ayuntamiento. «Iniciamos el expediente de retirada de la antena, pero lo recurren todo lo que pueden», detalló. Así ocurrió con el equipo que el Ayuntamiento derribó hace tres meses. La institución local llevaba años de litigios con la misma operadora que, al parecer, ahora intenta colocar otro aparato a apenas unos metros de distancia del anterior.
Por esta razón, el equipo de gobierno ha decidido actuar también contra los ciudadanos que con su autorización «permitan esta ilegalidad». «La comunidad 'infractora' deberá pagar hasta el 10% del presupuesto de cada amplificador de la señal telefónica», advirtió Anero. Según subrayó el edil, ninguna otra institución local ha puesto en marcha una iniciativa similar.
«Un buen servicio»
El concejal de Comunicación recordó que antes de que finalice el año entrará en vigor la nueva ordenanza municipal que determinará el desarrollo de la telefonía móvil en la villa jarrillera. Un punto fundamental del nuevo reglamento será la ubicación de las antenas, que quedará limitada a espacios públicos, ya sean edificios, equipamientos o terrenos, «donde se respeten todas las garantías sanitarias, medioambientales y urbanísticas».
El responsable municipal matizó que el Ayuntamiento es el primer interesado en que las operadoras de móviles ofrezcan un «buen servicio» a la ciudadanía. «Pero estas empresas deben tener claro que este servicio debe desarrollarse siempre de forma regulada y controlada por la Administración», aseveró.(FUENTE EL CORREO)
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