Mientras el Consejo de Europa vuelve a incluir hoy a España entre los 14 países que colaboraron en el traslado ilegal de presuntos terroristas, el Gobierno tiene pendientes tres solicitudes de comparecencia de Moratinos y el director del CNI reclamadas por IU
El coordinador general de Izquierda Unida y presidente del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares, exigirá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la primera sesión de control al Ejecutivo que tenga lugar en el Congreso “que cumpla con su obligación y que ordene a los miembros competentes de su Ejecutivo la inmediata remisión del informe ya comprometido en el que se detallen todas las novedades y la supuesta participación del Estado español en la utilización de aeropuertos nacionales por la CIA para realizar vuelos ilegales para trasladar a presuntos terroristas a cárceles secretas”.

Llamazares toma esta decisión para que “los responsables del Gobierno de Exteriores, Defensa e Interior dejen de jugar al gato y al ratón, como llevan haciendo desde hace meses, con las iniciativas planteadas por Izquierda Unida sobre este tema”. IU da este paso tras la enésima revelación aportada hoy por los responsables de la investigación que lleva a cabo el Consejo de Europa en la que se asegura que "un total de 14 países europeos, entre ellos España, permitieron a la CIA que desde sus aeropuertos se trasportara a presuntos terroristas a centros de detención secretos".

La actuación de Gaspar Llamazares busca que el Gobierno dé una respuesta inmediata a la iniciativa parlamentaria defendida por él y que fue aprobada el pasado 5 de abril en la Comisión de Exteriores por la que el Congreso instó al Ejecutivo a “la elaboración de un informe detallado con la colaboración de los ministerios afectados en el que se incorporen todas las nuevas informaciones en poder del Ejecutivo, sin perjuicio de las diligencias judiciales, sobre la utilización ilegal de aeropuertos españoles por parte de la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense, directamente o a través de compañías privadas encubiertas”.

El texto íntegro aprobado fue el siguiente:

1).- De acuerdo con el compromiso adquirido en el Parlamento, el Gobierno informará al Congreso de los Diputados de cualquier novedad de que disponga, en relación a actividades ilegales de los vuelos de la CIA en territorio español, así como a las comisiones de investigación en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.

2).- Solicita del Gobierno la elaboración de un informe detallado con la colaboración de los ministerios afectados en el que se incorporen todas las nuevas informaciones en poder del Ejecutivo sin perjuicio de las diligencias judiciales sobre la utilización ilegal de aeropuertos españoles por parte de la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense, directamente o a través de compañías privadas encubiertas.

3).- Una vez recopilados los datos y elaboradas las conclusiones, el Gobierno remitirá el informe con toda su documentación al Congreso de los Diputados, a la comisión temporal constituida en el seno del Parlamento Europeo para investigar los vuelos de la CIA.

Llamazares afirma que el Gobierno español "ha llegado tarde a esta cuestión. Se lo advertimos en noviembre del año pasado durante la comparecencia del ministro Moratinos y no han hecho nada por remediarlo. Mientras, desde organizaciones ciudadanas y fuerzas políticas se han seguido denunciando estos casos sin descanso y les han superado de largo".

Llamazares recuerda que los sucesivos gobiernos españoles deben superar los dos "tabúes" que afectan al país desde los tiempos de la Transición. Uno es "el tabú de la tortura, que se mantiene en el día de hoy", y el otro es el "tabú de las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a los servicios secretos. Mejorar las relaciones con Estados Unidos no se puede conseguir a través de la impunidad".

Además de los nuevos datos del Consejo de Europa, recientemente un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los vuelos secretos de la CIA revelaba cuatro nuevas escalas de estos aviones en España, además de las ya conocidas, concretamente en los aeropuertos de Barcelona y Málaga.

Para Llamazares, este informe permite "concretar los datos y las pruebas de estos siniestras caravanas de la tortura" y documenta "nuevas presencias en nuestro país de vuelos de la CIA".

Concretamente, según Amnistía, el avión de matrícula N85VM hizo escala en el aeropuerto de Barcelona el 28 de enero de 2004. Este avión fue el mismo que, el 12 de abril de 2004, hizo una escala de entre 60 y 90 minutos en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos para cubrir el trayecto de la base de Guantánamo (Cuba) a Bucarest. Este es el único vuelo que los diputados españoles consideraron preocupante cuando, el pasado 24 de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, acudió al Congreso para facilitar la información de la que disponía el Gobierno.

El informe de AI desvela además que en el mismo aeropuerto de Barcelona hizo escala, el 30 de octubre de 2002, el avión de matrícula N829MG. En Málaga, el avión N259SK que hizo escala al menos el 14 y el 17 de mayo de 2005. Este avión, siempre según el informe, ha realizado más de un centenar de vuelos a la bahía de Guantánamo.

Este es el primer documento que incluye al de Málaga entre los aeropuertos donde se registraron escalas de aviones de la CIA. El informe "Fuera del radar: Vuelos secretos a la tortura y la desaparición" se basa en registros de vuelo que muestran que desde 2001 en al menos 25 ocasiones se ha producido el paso y aterrizaje de aviones de la CIA por territorio español.

Concretamente, en 14 ocasiones los aviones aterrizaron en Palma de Mallorca; en 7 ocasiones en Tenerife (5 en el aeropuerto Santa Sofía y 2 ocasiones en el de San Cristóbal); en otras 2 en Málaga y, finalmente, en 2 ocasiones en Barcelona.

Además de estos datos, el Gobierno tiene pendiente de dar respuesta a tres solicitudes de comparecencia realizadas por el Grupo Parlamentario IU-ICV para que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Sáiz, expliquen en el Congreso los datos en su poder sobre los vuelos de la CIA y el traslado ilegal de presuntos terroristas desde aeropuertos españoles.

En concreto, se ha reclamado la presencia de Moratinos en la Comisión de Asuntos Exteriores “para que informe sobre el conocimiento de vuelos de la CIA en territorio español tras la confirmación por informes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de la existencia de vuelos y detenciones ilegales de la CIA en Europa, así como el reconocimiento por funcionarios de la CIA de la existencia de ‘entregas extraordinarias’ y ‘centros secretos de detención’, y los informes publicados por Amnistía Internacional”.

Además de la comparecencia de Moratinos, se reclama la presencia del director del CNI tanto en la Comisión de Defensa, como en la de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, también conocida como Comisión de Secretos Oficiales.

La argumentación de la petición es la misma que en el caso del ministro de Exteriores, “para que informe sobre el conocimiento de vuelos de la CIA en territorio español tras la confirmación por informes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de la existencia de vuelos y detenciones ilegales de la CIA en Europa, así como el reconocimiento por funcionarios de la CIA de la existencia de ‘entregas extraordinarias’ y ‘centros secretos de detención’, y los informes publicados por Amnistía Internacional”.

El Congreso tiene aún pendiente de resolver una petición similar de Izquierda Unida, que ya fue calificada favorablemente por la Mesa de la Cámara y que está a expensas de que se vote en una próxima reunión de la Comisión de Secretos Oficiales.

En este tiempo, además de las revelaciones del redactor del informe de investigación de la Eurocámara, se han dado a conocer otros datos sustanciales sobre este tema. El presidente de la comisión que investiga las actividades de la CIA, el portugués Carlos Coelho, ha declarado públicamente que "todas" las personas con las que se reunieron en Washington "confirmaron que el programa de entregas extraordinarias llevado a cabo en Europa sólo pudo desarrollarse con el conocimiento y el apoyo de los Gobiernos europeos. Los funcionarios del Departamento de Estado dijeron, de manera diplomática, que Estados Unidos nunca viola la soberanía de los Estados miembros de la UE y otros admitieron la implicación de los Gobiernos europeos de forma más directa".